Reflexión sobre la eficacia y pertinencia de la judicialización en disputas de pareja

Vivimos en sociedades donde el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Las diferencias de opinión, expectativas y necesidades pueden surgir en cualquier ámbito, especialmente cuando se trata de vínculos estrechos como los de pareja o familia. Sin embargo, la forma en que elegimos abordar dichos conflictos es fundamental para determinar no solo el resultado concreto, sino también las consecuencias emocionales, sociales y personales que derivan de ese proceso.

Tradicionalmente, el litigio judicial ha sido considerado el mecanismo formal y legítimo para resolver controversias. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que llevar un conflicto a tribunales no siempre es el camino más adecuado, especialmente en situaciones que requieren sensibilidad, diálogo y una consideración profunda de las necesidades de todas las personas involucradas. Esta reflexión invita a mirar más allá de la judicialización, especialmente en conflictos de pareja relacionados con la custodia de hijas e hijos, las visitas o el ejercicio de la patria potestad.

La naturaleza del litigio judicial

El sistema judicial está diseñado para garantizar la aplicación de leyes y la administración de justicia. Su estructura, basada en normas y procesos formales, busca asegurar que los derechos sean protegidos y que las decisiones se tomen de acuerdo con el marco legal vigente. Si bien esto resulta fundamental en muchos casos, el litigio tiende a reducir la complejidad de la vida familiar a términos jurídicos, dejando de lado la dimensión emocional, las expectativas personales y las dinámicas relacionales.

En el ámbito de los conflictos familiares, especialmente cuando hay hijas e hijos de por medio, la judicialización puede conducir a un proceso que, aunque ordenado desde el punto de vista legal, no necesariamente atiende las verdaderas causas del problema ni responde a las necesidades emocionales de quienes integran el núcleo familiar. Más aún, la lógica del litigio suele fomentar la confrontación, al ubicar a las partes en bandos opuestos, cada cual defendiendo su postura y esperando que una autoridad decida cuál es la “mejor” o la “correcta”.

La confusión entre resolver y judicializar

No es extraño confundir la resolución de un conflicto con el acto de judicializarlo. Esta confusión puede llevar a las personas a creer que solo mediante la intervención de un tribunal obtendrán una solución válida o definitiva. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos procesos litigiosos terminan siendo extensos, costosos y emocionalmente desgastantes. Lo que inicia como una búsqueda de justicia puede transformarse en una batalla de desgaste, donde el diálogo se reemplaza por argumentos legales, los acuerdos dan paso a sentencias, y las relaciones familiares se deterioran aún más.

En el caso de la custodia de hijas e hijos, las visitas y otros aspectos de la convivencia familiar, la judicialización a menudo profundiza la lógica de enfrentamiento. Se pierde de vista el bienestar integral de las niñas y niños, quienes pueden convertirse en objetos de disputa, en lugar de ser percibidos como sujetos con necesidades y afectos. El énfasis se traslada del interés superior de la niñez al deseo de “ganar” el juicio, perpetuando así un círculo de conflicto difícil de romper.

El impacto emocional de los procesos judiciales

La judicialización de los conflictos de pareja deja huellas profundas en todas las personas involucradas. Para quienes atraviesan el proceso, la tensión, la incertidumbre y el miedo pueden convertirse en emociones cotidianas. La exposición a audiencias, peritajes y el escrutinio de la vida íntima por parte de extraños suele generar sensaciones de vulnerabilidad e impotencia.

Para las niñas y niños, la vivencia de un proceso judicial puede resultar aún más confusa y dolorosa. La exposición al conflicto parental, la percepción de hostilidad, la sensación de ser juzgadas o de tener que “elegir” entre figuras significativas, deja marcas que pueden influir negativamente en su desarrollo emocional y social. Incluso cuando el sistema judicial intenta proteger sus derechos, las lógicas procesales no siempre logran contener ni reparar el daño emocional.

Alternativas al litigio: hacia una resolución constructiva

Frente a las limitaciones de la judicialización, han surgido diversas alternativas orientadas a la gestión pacífica y colaborativa de los conflictos familiares. Entre ellas destacan la mediación, la conciliación y otros mecanismos de justicia restaurativa. Estas alternativas comparten algunos principios fundamentales:

• El diálogo como herramienta central. La posibilidad de conversar, escuchar, expresar necesidades y emociones, y buscar puntos en común.
• El reconocimiento de las personas involucradas como protagonistas de la solución. En lugar de ceder el control a una figura externa, las partes asumen un rol activo en la construcción de acuerdos.
• La mirada integral. No solo se abordan derechos y responsabilidades legales, sino también factores emocionales, sociales y contextuales.
• El interés superior de las niñas y niños. Toda solución debe priorizar el bienestar de quienes son más vulnerables.

Conciliación y justicia restaurativa

La conciliación comparte con la mediación el objetivo de lograr acuerdos consensuados, aunque suele ser más formal y rápida. Por su parte, la justicia restaurativa busca reparar las relaciones afectadas por el conflicto, promoviendo la empatía, el reconocimiento del daño y el compromiso con el cambio.

Ventajas de las alternativas no judiciales

Optar por medios alternativos a la judicialización ofrece múltiples beneficios:

• Favorecen la comunicación y el entendimiento entre las partes.
• Ayudan a preservar y, en algunos casos, reconstruir relaciones familiares.
• Disminuyen el desgaste emocional y económico.
• Permiten soluciones personalizadas y flexibles, adaptadas a cada realidad.
• Priorizan el bienestar de las niñas y niños, integrando sus voces y necesidades en el proceso.

Desafíos y limitaciones

Si bien las alternativas al litigio presentan grandes ventajas, no son infalibles ni aplicables en todos los casos. Existen situaciones donde la vía judicial resulta necesaria, especialmente cuando hay violencia, abuso o desequilibrio significativo de poder entre las partes. En estos casos, la protección de los derechos fundamentales requiere la intervención del sistema judicial y de medidas específicas para salvaguardar la integridad de las personas más vulnerables.

Por ello, la elección del mecanismo más adecuado para resolver un conflicto debe hacerse considerando las particularidades de cada caso, sin perder de vista el objetivo central: proteger a las niñas y niños, y garantizar relaciones familiares sanas y constructivas.

Conclusión: repensar el acceso a la justicia en el ámbito familiar

El acceso a la justicia no debe reducirse a la posibilidad de iniciar un litigio. Significa, sobre todo, encontrar vías eficaces, humanas y sostenibles para abordar los conflictos que surgen en la vida familiar. La judicialización, si bien necesaria en ciertos contextos, no es la única ni necesariamente la mejor manera de resolverlos.

Hay que recordar que existen caminos alternativos como la mediación y la conciliación, más orientados al diálogo y la empatía, puede marcar una gran diferencia en la experiencia y el bienestar de todas las personas involucradas. La clave está en comprender que resolver no siempre es lo mismo que judicializar, y que, a menudo, las soluciones más duraderas y satisfactorias se construyen desde el respeto, la comunicación y el compromiso mutuo.

Téngalo presente: cada conflicto familiar es una oportunidad para elegir cómo queremos relacionarnos y qué legado emocional dejaremos a quienes más nos importan.